Estamos verdes

Por Ana Victoria González, juanamiga

Se presentó por sexta vez el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Cámara de Diputados, impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que cuenta con el apoyo de 33 diputadxs de todo el arco político y la lucha histórica de más de 300 organizaciones sociales de todo el país.

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En lo alto, la cúpula del Congreso Nacional se recorta gris contra un cielo denso ennegrecido. De momento podría desatarse una tormenta y sin embargo, abajo, en la avenida Rivadavia una multitud verde desafía la monotonía gris del paisaje urbano. A medida que la tarde avance, será más difícil pasar por entre la conglomeración en torno al escenario improvisado.

Ese tramo de la calle está cortado y tomado por pañuelos verdes que lxs manifestantes le sacan de las manos a la mujer bajo el gazebo de la Campaña, espacio federal de articulación de diversas organizaciones sociales, colectivos de DDHH, educadorxs, profesionales de la salud y del derecho de todo el país, y propulsora del proyecto de Ley que hace dos días se presentó por sexta vez, desde aquella primera en el 2007.

Mientras que en la sala II del anexo de la Cámara de Diputados se celebra la presentación del proyecto, que debe reactualizarse cada dos años para que no pierda estado parlamentario, afuera, en las calles, las mujeres abortan fuera de toda ley, a pesar de toda prohibición y expuestas al peligro. Es que la penalización no impide que las personas sigan abortando, pero sí condiciona las reglas en que se aborta, y siempre será en favor del negocio que prolifera gracias al marco de la clandestindad seguro, y en desmedro de las mujeres cuya suerte depende de sus posibilidades económicas de acceder a una clandestinidad segura o la obligará a hacerlo en condiciones que pondrán en riesgo su vida y su salud. Las muertas del femicidio selectivo de Estado son aquellas doblemente vulnerabilizadas por su condición de mujer y la situación de pobreza en que viven.

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De acuerdo a cifras de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, en el país abortan entre 350 mil y 500 mil mujeres por año, cada 700 mil que llevan sus embarazos a término.  Se afirma que desde el retorno de la democracia, murieron más de 3000 mujeres por abortos inseguros: los realizados por quienes no están formados para tales prácticas, en condiciones sanitarias deficientes.  La muerte de mujeres por aborto clandestino es la primera causa de muerte materna, o, como preferimos decir: el aborto inseguro es la primera causa de muerte de personas con capacidad de gestar.

Sin embargo no todo aborto clandestino es inseguro. A partir de la experiencia de acompañamiento con información segura, Socorristas en Red sistematizó 2894 abortos en el 2015 en todo el país, un promedio de 8 por día. Si se suma el registro del 2014, en esos dos años abortaron acompañadas más de 4000 mujeres.

La experiencia socorrista y los esfuerzos de la organización por elaborar informes sobre la tarea con las mujeres afirma que nadie, nunca, muere cuando cuenta con información segura, acceso a la salud y acompañamiento.

El proyecto IVE

El proyecto debió incorporar las adecuaciones al Código Civil vigente y los nuevos debates que diferentes agrupaciones interpelan a la sociedad para visibilizar las realidades diversas de colectivos específicos: lxs beneficiarixs de la ley son “las personas con capacidad de gestar” nombre que incluye tanto a las mujeres como a otras identidades, de acuerdo con la Ley de Identidad de Género.

Se considera que lxs mayores de 16 años tienen capacidad de ejercer sus derechos, mientras que en el caso de lxs menores deben contar con la presencia de un progenitor o alguien que interceda a favor del interés superior delx niñx y el derecho a ser oídx.

Toda persona tiene derecho a interrumpir su embarazo cuando peligra su salud física, psicológica o económica, tal como la comprende la OMS. Cuando el feto es inviable y cuando se trata de un embarazo a raíz de una violación, tiene derecho a hacerlo sin judicialización de la práctica.

Además, se amplió el período para abortar hasta la semana 14 de gestación, de acuerdo a modelos de legislación de los países donde el aborto es legal.

El sector público de salud, las obras sociales y todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales deberán incorporar la cobertura integral de la interrupción legal de embarazo de acuerdo a los protocolos de la OMS.

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El Estado laico y plural debe garantizar los derechos humanos de las mujeres. En lo concreto esto se traduce a la despenalización y legalización, a la implementación de políticas que consideren al aborto voluntario como un tema de salud pública y en este sentido el despliegue de las estrategias para garantizar la consigna de la Campaña: educación sexual, anticonceptivos y aborto legal, seguro y gratuito.

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La ilegalidad y la criminalización desestabilizan y terminan por derrumbar la ficción de los gobiernos progresistas que asumen la posición política del silenciamiento y la clandestinización. El resultado es el recrudecimiento de las cifras de  muertas cuando llegan, por inercia circular, los gobiernos liberales de las políticas de vaciamiento estatal a favor del mercado. Y una rueda mueve otra: se acrecienta la brecha entre ricas y pobres. La salud deja de ser un derecho y se vuelve cuestión de mercado y bajo este paradigma la que no paga tiene altas posibilidades de morir.

Sin aborto legal no hay #NiUnaMenos, y sin #NiUnaMenos, no hay democracia.

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Hasta ayer, la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia que trataría el proyecto IVE estaba presidida por Dindart, diputado de Cambiemos, repudiado por varias organizaciones por decir que las adolescentes se embarazan para recibir plata del estado.

Por boca de Dindart, quien tuvo que renunciar por la trascendencia que tuvieron sus palabras, hablan los sectores antiderechos y despliegan su juicio de doble moral sobre las mujeres, cuando deciden tener hijxs y cuando deciden interrumpir sus embarazos.

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A pesar de la consigna de la Campaña, “Aborto legal para no morir”, sería preferible empezar a hablar de aborto legal para decidir: no nos alcanza con no morir, porque no somos meras experiencias biológicas.

No solo no queremos maternidades forzadas, también queremos la libertad, el sexo, el disfrute de los placeres de la vida, y de la maternidad deseada. Se torna urgente reafirmarnos sujetxs deseantes. Y aunque estamos en el siglo XXI, increíblemente nos vemos impelidxs a reafirmar que las mujeres, lxs travas y lxs trans tenemos derechos, y a habitar nuestras existencias fuera de la ley que nos expulsa de la condición humana.

Parece mentira, pero mientras las mujeres seguimos abortando y muriendo o viviendo nuestras vidas clandestinizadas, tenemos que venir al Cogreso a decir en desdoblamiento esquizoide que somos dueñas de nuestras cuerpas, como si nuestras cuerpas no fuésemos nosotras, a redundar que nuestro deseo nos pertenece, porque a pesar de los avances en terreno personal y político que les debemos siempre a las luchas feministas, los poderes son eminentemente masculinos y conservan códigos de escucha patriarcales con un filtro asombroso para eludir los reclamos por los derechos más básicos como que dejen de matarnos o dejen de dejarnos morir.

Belén y Juana

Sus nombres son banderas de lucha.

Belén lleva más de 800 días en prisión por un aborto espontáneo que sufrió en un hospital tucumano. La condena está fundada sobre irregularidades, imprecisiones y falta de pruebas, convalidadas por la alianza criminal entre el personal de salud que la (des)atendió esa noche, la policía, los fiscales y los jueces que intervinieron. Belén fue acusada sin evidencia, condenada de acto por los médicos y acusada de asesina: “mataste a tu bebé” le dijo un enfermero que la obligó a ver un feto. Jamás se comprobó (ni se investigó) que existiera correspondencia de ADN. La detuvieron en el Hospital y la llevaron a la prisión.

“Su lucha es ahora mi lucha” dice Belén en una carta pública que escribió para dar a conocer su situación hablada de su propia voz, y que fue reproducida en la radio abierta en la calle, durante la jornada de Diputados.

Porque contar la propia experiencia es un proceso arduo en un contexto de miedo. Ponerle nombre a lo que nos pasa constituye un acto político. Entramar los relatos hace red  de Sostén, de contención, de acompañamiento acción. Demuele mitos, avanzamos.

Juana, la niña wichi del norte de Salta, en situación de pobreza y con un retraso madurativo, violada por un grupo de varones y desolada por el estado provincial que le negó la atención más básica: la escucha, la toma de denuncia, la contención, la aplicación del protocolo de violación, el “acceso a la información de su derecho a acceder a un aborto legal violándose su derecho humano a la salud, integridad y dignidad personal, por lo que se vió obligada a atravesar una gestación de alto riesgo para su salud física y mental durante 7 meses” de acuerdo a la declaración de la Campaña. El Estado no la informó sobre su derecho de practicarse un ANP (aborto no punible) contemplado en el Código Penal. Se ejerció contra la niña violencia obstétrica, al obligarla a sostener el embarazo durante 7 meses hasta que fue demasiado tarde y hubo que hacer una cesárea. El feto era anaencefálico.

Se ejerció violencia institucional: nunca le tomaron declaración, nunca la escucharon. No le garantizaron un traductor, mecanismo de impunidad institucional que pone en evidencia la falta de interés, o, mejor dicho, la firme postura de ignorar a lxs pobres, lxs indígenas, lxs mujeres, lxs niñxs.

Una vez más, la disrupción de la voz. Una amiga de Juana se animó a contar en cámara Gesell cómo fue el ataque de los violadores.

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Con los pañuelos en el cuello, la gente sube y baja del escenario entre risas y rock. El micrófono circula veloz, amplificando varias voces en poco tiempo, y mientras anochece, se multiplican los grupitos, las banderas, los cantos aborteros y las risas.

Porque a pesar de que la lucha por la despenalización y legalización del aborto en Argentina tiene décadas y a cada época particular le ha impreso su marca, en este devenir de lucha y organización que ha sabido abrirse espacio, tornarse visible, escuchable, innegable, en el que varias generaciones se encuentran y le siguen poniendo el cuerpo a la calle para abortar y para luchar.

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